30 de mayo de 1864, se publica el Decreto que autorizó la concesión de estaciones telegráficas a municipios y autoridades, siempre que los aparatos estuvieran a cargo de un funcionario del Cuerpo de Telégrafos.
Cuatro años más tarde, una nueva disposición permitía el uso de los aparatos telegráficos de las oficinas particulares a sus propietarios y el pago de un canon anual, al margen del volumen de comunicaciones telegráficas, lo que hizo multiplicarse el número de agencias periodísticas en nuestro país.