El 7 de junio de 1794, en el Real Sitio de Aranjuez, se decreta la Ordenanza General de Correos, Postas y Caminos. El siglo XVIII fue un período de una copiosa y fructífera promulgación legislativa que puso las bases del funcionamiento de la Real Renta y del posterior servicio público. Este proceso concluyó con dicha Ordenanza.
A finales de febrero de 1792, en el último período de su vida política, el conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, se hizo cargo de la Secretaría de Estado y, con ella, de la Superintendencia de la Renta de Correos. Poco tiempo después, los enfrentamientos con Manuel de Godoy harían que éste le sucediera en el cargo. En 1794, durante el mandato de Godoy, se publicó la Ordenanza que había desarrollado su antecesor. Este cuerpo legal abordaba extensamente todos los aspectos relacionados con los responsables, empleados y servicios de Correos. También establecía el funcionamiento de las administraciones postales, las estafetas o las Casas de Postas, recogiendo así todos los temas que se habían planteado a lo largo del siglo.
En la imagen, Correo de gabinete del siglo XVIII junto al Palacio Real de Aranjuez.