El 13 de julio de 1998 se aprueba en las Cortes la Ley de Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Los servicios postales son servicios de interés económico general que se prestan en régimen de libre competencia. Entre las más llamativas características de los nuevos servicios públicos está la creación de organismos reguladores a los que se asigna la vigilancia y control dentro de cada sector. El organismo regulador que se creó para desempeñar todas estas funciones en el ámbito de los servicios postales fue en un principio la Comisión Nacional del Sector Postal. En la actualidad, ha pasado a ser desarrolladas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
La regulación de los servicios postales tiene como fines garantizar la prestación del servicio postal universal, satisfacer las necesidades de comunicación postal dentro de España y de España con el extranjero, y asegurar la libre competencia en el sector en condiciones adecuadas de calidad, eficacia, eficiencia y pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los operadores postales y sus trabajadores.
El Servicio Postal Universal comprende el envío de cartas y tarjetas postales de hasta dos kilogramos de peso, los paquetes postales de hasta 20 kilogramos, y los giros postales. También están incluidos los servicios de certificado y de valor declarado. El servicio postal universal, que en España realiza la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., implica la garantía de una red postal que llega a todos los rincones del territorio español y que se ajusta a unos precios preestablecidos por el gobierno.